El Gobierno ha vuelto a poner en marcha el anteproyecto de ley de función pública un año después de que la convocatoria de elecciones diera al traste con su tramitación. Se trata de una norma clave para el medio millón de empleados del sector público estatal, dado que está llamada a regular cuestiones fundamentales como el teletrabajo; la evaluación del desempeño de los funcionarios; la carrera profesional; el régimen de sanciones o los sistemas de selección.
El pasado martes, el Consejo de Ministros le dio el visto bueno al anteproyecto sin apenas cambios respecto a la versión que decayó hace un año. De prosperar su tramitación parlamentaria, se convertirá en la primera ley de función pública que afecta a la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas ya cuentan con su normativa propia que afecta a los trabajadores del sector regional de la administración.
El borrador del texto, al que ha tenido acceso 20minutos, establece un marco regulatorio muy general sobre la administración pública. En muchos puntos clave, la norma no concreta y deja el desarrollo abierto a negociación posterior. Este es el caso de los organismos evaluadores del desempeño de los funcionarios o del régimen de teletrabajo, por citar algunos casos.
Evaluaciones a funcionarios
Uno de los principales cambios para los funcionarios que introduce el anteproyecto de ley es la introducción de un sistema de evaluación de su desempeño. Este punto ya quedó recogido en un real decreto mastodóntico aprobado en diciembre. En él, el Gobierno dio salida a algunas de las medidas prioritarias que se incluían en el texto que decayó el verano pasado para no perder el cuarto desembolso de los fondos europeos de recuperación.
En ese decreto, que se refundirá con la ley de función pública si sale adelante, se contemplan evaluaciones anuales obligatorias a los funcionarios. En ellas, se valorará la conducta profesional del empleado y se medirá el rendimiento y los resultados. No obstante, la norma prevé un periodo de carencia de dos años tras la puesta en marcha de esta medida en la que estos exámenes no tendrán efectos.
Estas evaluaciones son importantes, porque de ellas dependen cuestiones cruciales como el progreso en la carrera profesional, el nuevo complemento por desempeño o la propia continuidad en el puesto de trabajo. El modelo de evaluación lo articulará cada departamento ministerial y sus entidades vinculadas, un punto que despierta suspicacias en los sindicatos, a quienes preocupa quién evaluará al evaluador. Para este punto, se creará la comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño, que se encargará de validar y coordinar el proceso.
Complemento de carrera y por desempeño
La norma crea además dos nuevos complementos salariales: el complemento de carrera y el de desempeño. Estas dos nuevas retribuciones se suman a los ya existentes complementos de destino, específico y por servicios extraordinarios.
El complemento de carrera profesional servirá para retribuir el nuevo sistema de promoción horizontal que ya se desarrollaba en el real decreto aprobado en diciembre. Este sistema premiará la experiencia de los funcionarios, aunque no asciendan verticalmente (para lo que es necesario superar un concurso-oposición) y se mantengan en el mismo puesto.
En cada grupo o subgrupo de personal se crean cuatro niveles retributivos, sobre los que se va transitando con el paso de los años y a través de evaluaciones positivas que lo avalen. Para poder pasar al segundo tramo hay que acumular por lo menos cinco años de experiencia en el primer nivel, y para alcanzar los siguientes se deben acumular seis años de permanencia en cada tramo.
Además, se crea también el complemento por desempeño, que está llamado a sustituir a la actual y poco transparente productividad. La cuantía de esta retribución varía en función de la evaluación recibida por el funcionario. En todo caso, su cuantía será conocida por el resto de personal de un mismo ámbito y también por los sindicatos.
Teletrabajo
Otra de las novedades que incluye la ley es un marco para el teletrabajo en la administración central. Aunque los detalles específicos quedan pendientes de desarrollar mediante un reglamento futuro, la norma sí introduce algunas limitaciones. Así, el teletrabajo debe ejercerse siempre bajo autorización expresa y tendrá carácter "temporal, voluntario y reversible" salvo excepciones justificadas. La ley aclara que "no es un derecho" y está supeditado a las "necesidades organizativas y del servicio". Además, la administración deberá proporcionar los medios tecnológicos que sean necesarios.
Más allá de estas cuestiones, la norma incluye otros aspectos como un marco más delimitado para los trabajadores interinos, el deber de formar a los funcionarios y otorga un papel más destacado a la negociación colectiva. Además, incorpora los principios de "agilidad y eficiencia" en los procesos selectivos y "soluciones para regularizar los elementos disfuncionales" del modelo actual de selección.
UGT y CCOO, a favor; CSIF, en contra
La nueva aprobación del anteproyecto de ley ha sido recibido de formas opuestas entre los sindicatos. Las centrales más representativas en el país (UGT y CCOO) la ven con buenos ojos, en buena parte porque el Gobierno ha negociado el texto con ellos. Para Nuria Lambás, coordinadora de Negociación Colectiva en UGT, el anteproyecto es positivo, aunque reconoce que "queda mucho trabajo por negociar una vez esté aprobada". "Entendemos que podemos empezar a trabajar en muchas cosas y nos ofrece un marco con más agilidad para aspectos que tienen que empezar a funcionar ya como la carrera profesional", señala en conversación con 20minutos.
No comparte esta visión Milagros Dorronzoro, secretaria de Negociaciónen CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado. "Es un texto absolutamente deficiente, peligroso y sin ningún tipo de concreción" y que "puede tener efectos negativos", valora a este periódico.
Dorronzoro se muestra especialmente escéptica con las evaluaciones, que podrían llegar a suponer la pérdida de un ascenso conseguido por méritos. Sostiene que las evaluaciones por parte de los superiores pueden poner en riesgo la imparcialidad del funcionariado. Además, reprocha otras cuestiones, como la falta de un estudio presupuestario y la ausencia de concreción en las cuantías de los complementos de carrera.
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